El Gobierno anuncia un nuevo recorte de 3.000 millones en educación

No hay tregua en el ámbito de la formación: si hace unos días se desveló que el dinero destinado a educación se reduciría un 21,2% en los Presupuestos Generales de este año, ahora es el turno de otro tijeretazo mucho menos previsible.

En concreto, serán otros 3.000 millones de euros que dejará de recibir la enseñanza en nuestro país.

La medida, adoptada el pasado lunes por el Ejecutivo español contra todo pronóstico, forma parte de un recorte adicional de 10.000 millones de euros, que se suman a los 27.300 millones de reducción ya anunciados a finales de marzo. A la hora de justificar su decisión, el Gobierno ha asegurado en una nota de prensa que esto ayudará a "obtener una mayor eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos así como una mayor racionalización y la eliminación de duplicidades". Los 7.000 millones restantes afectarán al sector sanitario.

Para concretar cómo se materializarán estos recortes, el Gobierno se reunirá en breve con las diferentes Comunidades Autónomas, ya que éstas tienen las competencias tanto en sanidad como en educación. Por lo que respecta a este último campo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se entrevistará con los gobiernos autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación.

Aunque se desconoce qué fórmulas pondrá sobre la mesa para conseguir reducir estos recortes, Wert ha apuntado días atrás diversas alternativas. Ente ellas, se  cuenta la posibilidad de incrementar las horas de clase de los profesores de educación primaria y secundaria o bien el número alumnos y alumnas por aula. En cuanto a los estudios superiores, se baraja la posibilidad de encarecer las tasas de grados y másters en las universidades públicas. De hecho, comunidades como Madrid, la Región de Murcia, Illes Balears y Castilla-La Mancha ya han anunciado que adoptarán esta medida para el curso 2012-2013. A su vez, se espera que Castilla y León, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana se adherirán a esta propuesta.

Por otro lado, si las Comunidades Autónomas consideran que no disponen de los recursos suficientes para gestionar estos cambios, el Gobierno podría llegar a modificar algunas leyes.